Según se informa en la prensa de hoy, Alemania está cada vez más cerca de aprobar una cuota femenina obligatoria en los órganos de dirección empresariales y con ello dar un espaldarazo a la regulación que prepara Europa. La primera potencia económica de la UE, que siempre había sido reticente a imponer el equilibrio (o a acercarse a él) por ley, dará luz verde previsiblemente antes de finales de año a una regulación que fija para las mujeres un mínimo del 30% de los sillones de las juntas de vigilancia de las grandes empresas, un órgano que aprueba la gestión de las compañías, y que agrupa a todos los consejeros no ejecutivos. El proyecto afectará al menos a 108 grandes empresas -que emplean a más de 2.000 personas-, que tendrán de plazo hasta 2016 para aplicar la norma. Si no logran, por las razones que sean, no cumplir con la cuota, los sillones reservados para ellas quedarán vacíos. Con esta medida Alemania se sumará al grupo de países que, como Holanda, Francia, Bélgica e Italia (con distintos plazos de tiempo y diversos porcentajes de representación), han fijado la cuota femenina en las cúpulas directivas de las empresas.
El notable cambio de posición de Merkel, que en el pasado nunca se había manifestado a favor de una cuota femenina obligatoria y solo se había mostrado a favor del dialogo con la dirección de las empresas, está influido por la fuerte presión que está realizando el presidente del partido socialdemócrata alemán, ministro de economía y vicecanciller, Sigmar Gabriel.
La nueva ley, que se enviará al Parlamento Federal a finales de mes, establece también que en las juntas de vigilancia de aquellas firmas que tengan un mínimo de un 50% de participación pública -como Deutche Bahn, la compañía de ferrocarriles-, será obligatorio ocupar uno de cada dos cargos vacantes por una mujer a partir de 2016. Además, fija que unas 3.500 empresas que cuentan con menos de 2.000 empleados también deben fomentar la participación femenina en los órganos de dirección, aunque en este caso dejará en sus manos el cómo y en qué escalones. La medida incluye otros puntos, que la Administración, los juzgados y las firmas con participación estatal tendrán que publicar un plan de igualdad cada cuatro años donde se mencionen las metas para aumentar la participación femenina en los órganos directivos.
La aprobación de la ley hará posible en Alemania que 174 mujeres entren a formar parte de las juntas de vigilancia -similares a los Consejos de Administración en España-, según cálculos del Gobierno. “En Alemania hay 40 millones de mujeres, por lo tanto, no será difícil de encontrar a 174”, declaró ayer la titular de ese departamento.
Hasta ahora, la representación femenina en los puestos directivos de las empresas alemanas no ha sido nada alta. Las mujeres ocupan algo más del 16% de los sillones de los Consejos de Administración, un porcentaje que está justo en la media europea, pero las diferencias entre países son muy grandes: en Finlandia son el 27% y en Malta un 3%, según un estudio oficial comunitario con datos de 2012. Ese año, en España apenas suponían algo más del 11%, una cifra que ha mejorado este año hasta el 16,6% en las compañías del IBEX 35 -y hasta el 17,6% en general-. Pero incluso en los países que, como Finlandia o Suecia, pueden presumir de ser los primeros del ranking el porcentaje es desequilibrado si se tiene en cuenta que las mujeres suponen, desde hace años, el 60% de los graduados universitarios.
Es una desigualdad que Bruselas lleva años tratando de combatir. Merkel, con la medida explicada ayer, se adelantaría a la regulación impulsada por la Comisión Europea, y sobre todo por su vicepresidenta Viviane Reding, que fija una cuota de un 40% del sexo infrarrepresentado (es decir, las mujeres) en los Consejos de Administración de las empresas cotizadas en bolsa. La directiva, que da hasta 2018 de plazo a las compañías públicas, y hasta 2020 al resto, obtuvo a finales de noviembre pasado el voto positivo del Parlamento Europeo. Pero ahora sigue su camino. Después de un largo periodo de negociación en el propio seno de la Comisión -que terminó descafeinando su propuesta al eliminar las sanciones explícitas a las firmas incumplidoras- debe pasar ahora por el Consejo Europeo. Allí los ministros de los Estados miembros la discutirán.
Y en esa cita la postura de Merkel es una clave importantísima. Hasta hace poco, Alemania estaba entre los países interesados en bloquear la norma junto con Reino Unido, Holanda, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta. Estados que estiman que la regulación debe ser de cada país y que apuestan por la autorregulación y el diálogo con las empresas. Pero la autorregulación y los códigos de buenas prácticas, a juzgar por los datos, no funcionan. Desde 2003, el porcentaje de mujeres en las cúpulas directivas ha avanzado muy poco: a menos de un punto porcentual por año; aunque algo más rápido desde que algunos países aprobaran medidas específicas que incluyen cuotas. De hecho, antes de poner en marcha el engranaje para elaborar la directiva de cuotas, Reding lanzó un órdago a las grandes compañías europeas: les instaba a pactar y a autorregularse. No funcionó y modificó su rumbo hacia las cuotas.
La legislación europea, que no se aplicará a las microempresas ni a las pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores), no establece multas -lo deja en manos de cada Estado- pero sí que las empresas que no cumplan deben aclarar oficialmente por qué no han logrado el objetivo. La Eurocámara propuso también que se excluya a las empresas desiguales de las licitaciones públicas. En España, la Ley de Igualdad se limita a recomendar a las empresas que equilibren sus órganos de dirección; aunque existen varios convenios -el último firmado hace unos meses por la ministra Ana Mato- por los que las empresas se comprometen a ello. Compromisos, eso sí, sin penalización si se incumplen.
Quienes, como Reding o ahora Merkel, defienden el sistema de cuotas en la arena política no argumentan (o al menos no solo) una cuestión de justicia social sino razones económicas y de competitividad. “Una economía social de mercado necesita de una gran competitividad y por nuestra experiencia sabemos que esa competitividad es mayor cuando hombres y mujeres tienen en una sociedad las mismas oportunidades”, dijo la canciller en el Bundestag a finales de enero. Varios estudios, como uno de la consultora McKinsey de 2009 o incluso datos de la OCDE, muestran que las empresas más equilibradas tienen mejores resultados.
Es una cuestión de justicia y también económica, dicen los partidarios, Y con ese espíritu inició Noruega la regulación que impone un mínimo de un 40% de mujeres en las cúpulas empresariales. En ese país (no es miembro de la UE), pionero en la ley de paridad y que se ha convertido en un ejemplo, fue un Gobierno conservador el que sacó adelante la norma en 2002. Desde entonces los sillones ocupados por mujeres han pasado del 7% en 2002 al 44%. En aquel entonces, el ministro de Justicia Ansgar Gabrielsen lo tuvo claro: “Las mujeres son, al menos, el 50% de los licenciados universitarios. No hay motivo para desperdiciar su talento, su formación, en la que además invertimos, y que luego no estén en los Consejos de Administración. Es de lógica”.
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